El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha tenido conocimiento de la interposición de alrededor de una decena de contenciosos administrativos en los Juzgados de Alicante por parte de aspirantes del último proceso selectivo de agentes de movilidad, con ocasión de distintas presuntas irregularidades, que a pesar de haber conseguido judicialmente su declaración de apto en el reconocimiento médico o que la prueba psicotécnica no tuviera validez, o que se valoraran títulos de forma irregular, el señor Barcala ha decidido en algunos casos recurrir al Tribunal Superior de Justicia, “aunque sepan de antemano que lo van a perder”, ha indicado el portavoz municipal Miguel Millana.

El portavoz además afirma que “en otros supuestos, deciden paralizar la ejecución de las sentencias sin entrar a valorar los graves perjuicios morales y económicos que pudieran ocasionar a los interesados y las posibles indemnizaciones que pagarán los ciudadanos alicantinos con sus impuestos”.

Por poner un ejemplo, el PSOE ha afirmado que un reciente auto dictado el día 6 de octubre, por un Juzgado del Contencioso de Alicante, destaca lo siguiente:

El pasado 13 de abril, el juzgado dicta sentencia estimando el recurso presentado por el/la opositor/a.

El día 20 de mayo notifica la sentencia al Ayuntamiento, que no la recurre, pero tampoco la ejecuta.

El día 4 de octubre la representación procesal del interesado/a solicita la ejecución forzosa de la sentencia.

El día 6 de octubre el Juzgado dirige al Ayuntamiento un auto ordenando que en el improrrogable plazo de 10 días para que se ejecute la sentencia, se identifique a la autoridad o funcionario responsable de la inejecución de la sentencia de 13 de abril y se advierte de posibles responsabilidades patrimoniales y penales.

En este sentido, el edil Manuel Martínez, ha señalado que “ustedes no responden a un criterio objetivo, apelan la sentencia relacionada con la valoración de un título, ignoran otras que también han perdido pero deciden no recurrir, por ejemplo, las relativas al reconocimiento médico, que parecen dormir en algún cajón”.

Martínez ha manifestado que esto no queda aquí. “Le van a llegar más demandas relacionadas con los recientes ceses de los policías interinos, a pesar de las advertencias sobre las irregularidades cometidas en cada caso, por un lado por no ser ocupadas las plazas que ocupaban por funcionarios de carrera o por tener contratados desde hace más de cinco años a varios de ellos en fraude de ley. Pero al parecer prefieren actuar sin entrar en analizar el contenido de los diversos recursos de reposición. Claro, como las indemnizaciones no las abonan ustedes de sus bolsillos, sino que las pagan los vecinos de Alicante”.

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