El responsable del contrato de limpieza de centros acusa de injerencia al antiguo concejal del PP Israel Cortés

La última sesión de la Comisión de limpieza de centros escolares y dependencias municipales se ha celebrado con la declaración del primer responsable del contrato en que ha manifestado sus quejas tanto de la complejidad del pliego como de las injerencias externas sufridas por parte del concejal popular responsable Israel Cortés y el jefe de servicio.

En reunión celebrada el 28 de junio de 2018 por parte del concejal Israel Cortés se solicitó presuntamente al responsable del contrato que fuese flexible y que permitiera que se fuese el 50% de la plantilla de vacaciones (cosa contraria al pliego de condiciones), a lo que el responsable del contrato siempre se negó.

El responsable del contrato ha afirmado que se realizó la inspección de centros escolares tras el verano y se pudo comprobar efectivamente que habían sido muy numerosos los incumplimientos y el servicio muy deficitario, acompañando dossier acreditativo de las quejas de los colegios de las que se afirma haber dado traslado tanto al concejal responsable como al jefe de servicio.

El responsable del contrato ha manifestado, todo ello apoyado en ingente documentación aportada, que a partir del verano de 2018 tanto el jefe de servicio como el concejal empiezan a interferir en el normal desarrollo del contrato. “Dándole un balón de oxígeno al contratista y creando un canal oficioso de comunicación a espaldas del responsable del contrato”. De ahí, el poco éxito de los requerimientos del responsable del contrato a la UTE, ya que le decían “si tienes algún problema habla con los de arriba”.

Asimismo aporta documentación donde se comprueba que más de la mitad de la plantilla queda sin cubrir en las vacaciones del verano de 2018, siendo además que la propia UTE en escrito de 18 de junio de 2018 manifiesta que en julio solo realizará el 28% del trabajo y que en agosto realizará el 80% del trabajo.

A preguntas de la concejal socialista Llanos Cano ante las discrepancia entre su declaración y la del jefe de servicio respecto al cese de su prestación de servicios, ha declarado que él no pidió el cese pero sí dijo en reunión celebrada con Israel Cortés en septiembre de 2018 ante las “presiones” que estaba sufriendo por parte de sus superiores jerárquicos para firmar los abonos. “Si queréis una persona sin escrúpulos o con menos escrúpulos para que os certifique, no tengo apego al cargo, prefiero irme que firmar certificaciones con las que no estoy de acuerdo” ha indicado.

En septiembre de 2018 realizó una simulación para abonar en lugar de 718.688,36 euros la cantidad de 395.494,20 euros, pero finalmente no la pudo aplicar por no tener seguridad jurídica, solicitando la apertura de un expediente de comprobación.

Respecto a las penalizaciones, detracciones o descuentos, el responsable del contrato en la emisión de la factura de 31 de marzo de 2019 puso una serie de reparos para su abono. Que el 11 de abril de 2019 le fue remitido un informe de fiscalización por parte del interventor por el que se devolvía la factura y se pedía la subsanación que el responsable del contrato fue cesado cuatro días más tarde y desconoce qué ha pasado después. Así mismo tampoco pudo cursar diversos escritos a estos efectos

Tras estas revelaciones a petición de la edil socialista Llanos Cano se ha acordado por unanimidad parte de la mesa de fiscalización del contrato, la solicitud de un informe jurídico para la retención de la fianza ante los claros indicios de incumplimientos por parte de la UTE y en previsión de las conclusiones definitivas

El portavoz socialista, Paco Sanguino, ha declarado que “tal como se ha evidenciado en la sesión de hoy el control de presencia es el medio habitual que utilizan en otros ayuntamientos para poder hacer un seguimiento y además es indispensable para hacer una fiscalización del contrato. El hecho de que no hubiera control de presencia y de que tampoco hubiera un sistema de gestión de servicio, junto con que por parte de la Concejalía no se ha dado ninguna credibilidad a la inspectora de limpieza ni a las quejas insistentes de los colegios, han provocado esta situación”.

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