El Grupo Municipal Socialista (GMS) denuncia que el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, quiere hacer “apología con los vientres de alquiler” al celebrar una jornada anunciada para mañana dentro de la agenda cultural de la institución provincial y promovida por el Instituto Juan Gil Albert. Los socialistas denuncian que esta práctica se aprovecha de la vulnerabilidad de las mujeres en situación más desfavorecida y que está prohibida en la legislación española.

El portavoz municipal, Miguel Millana, es categórico. “La legislación española es clara. Los vientres de alquiler son ilegales y están prohibidos en España. No solo eso, el Tribunal Supremo ha sido determinante en su sentencia de marzo de este mismo año: la práctica supone una grave vulneración de derechos, tanto para las madres gestantes como para los recién nacidos”.

La concejala Llanos Cano va más allá. En la sentencia, el Alto Tribunal declara que “el contrato de gestación por sustitución del caso enjuiciado entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables”. A juicio del Alto Tribunal, madre e hijo “son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad”. “Se obliga desde el principio a entregar al niño que va a gestar y renuncia antes del parto, incluso antes de la concepción, a cualquier derecho derivado de su maternidad; se obliga a someterse a tratamientos médicos que ponen en riesgo su salud y que entrañan riesgos adicionales a las gestaciones resultantes de una relación sexual; renuncia a su derecho a la intimidad y confidencialidad médica, se le prohíben las relaciones sexuales, se le restringe la libertad de movimiento y de residencia”.

La edil matiza un dato muy relevante y es que el propio TS expone que “no es preciso un gran esfuerzo de imaginación para hacerse una cabal idea de la situación económica y social de vulnerabilidad en la que se encuentra una mujer que acepta someterse a ese trato inhumano y degradante que vulnera sus más elementales derechos a la intimidad, a la integridad física y moral, a ser tratada como una persona libre y autónoma dotada de la dignidad propia de todo ser humano. Y, como ocurre en estos casos, aparece en el contrato la agencia intermediadora cuyo negocio lo constituye este tipo de prácticas vulneradoras de los derechos fundamentales”.

Además, Llanos Cano recuerda que “estos contratos son nulos de pleno derecho y vulneran gravemente los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño y que el Parlamento Europeo advierte expresamente en el apartado 115 de la resolución del 17 de diciembre de 2015 que “los vientres de alquiler son un atentado a la dignidad humana”.

En el PSOE respetamos la libertad de expresión y apostamos por el debate, pero en este caso es evidente que al menos dos de los tres ponentes están postulados a favor de esta práctica, repetimos ilegal en España y que en la presentación de la jornada ya se adopta una clara postura a favor de la misma. Se reviste de falso debate una jornada que claramente va a hacer apología de los vientres de alquiler que es violencia contra las mujeres y en eso nos van a encontrar de frente, ha concluido Cano.