Apesar de los enormes problemas que presenta el panorama de evolución de la economía mundial con la invasión de Ucrania por la Federación Rusa, impulsada por Putin, la recuperación económica después de la pandemia y la urgente lucha contra la inflación, son retos que el Partido Socialista está afrontando con mesura, equilibrio y diálogo. El Partido Popular ha cometido errores garrafales de gestión dañando a las personas, todo por hacer oposición sin límites al gobierno de España y a la Generalitat valenciana en las personas de Pedro Sánchez y Ximo Puig.

Los trabajadores, empresarios y autónomos han podido apreciar cómo se ha evitado una recesión mucho más profunda tras los efectos de la pandemia, gracias a los ERTES que han dado cobertura a más de tres millones de trabajadores y sostenido la solvencia de las empresas con facilidades crediticias del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Medidas que no siempre han tenido el apoyo del PP. Recordemos el numerito vergonzoso de Barcala y otros alcaldes de ese partido en Bruselas protestando por la gestión de Pedro Sánchez de los fondos europeos. Reivindicación desmentida por la lluvia de millones ya concedidos que beneficiará a la ciudad de Alicante.

El avance social lo protagoniza el socialismo democrático en el gobierno, con la subida del salario mínimo interprofesional, el todavía mejorable Ingreso Mínimo Vital y la reforma laboral que está dando un giro progresivo a la precariedad en el mercado laboral, con una clara mejora de la estabilidad en los contratos de trabajo.

La estabilidad laboral es importante para la buena marcha de la economía, pues permite una calidad de vida antes impensable; el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, y una nueva expectativa de futuro para las personas jóvenes, que podrán disfrutar de unas bases más sólidas para hacer realidad su proyecto de vida.

El diálogo social fomentado y apoyado por el gobierno socialista ha constituido una herramienta muy importante para equilibrar la capacidad de negociación entre trabajadores y empresarios, poniendo en valor y dando eficacia a la negociación colectiva. Hay que recordar que el Partido Popular se empleó a fondo en debilitar la capacidad negociadora de los sindicatos favoreciendo una devaluación salarial que supuso, en su periodo de gobierno, el mayor ataque en la historia reciente de nuestro país al poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras, aumentando la pobreza y la desigualdad entre las personas, llegando a límites inaceptables del 30% de la población en riesgo de exclusión social.

Aparece en el horizonte una nueva realidad de mejora y progreso para todos trabajadores y empresas. Pero el reto de la guerra de Ucrania con sus efectos inflacionarios y disruptivos de las cadenas de suministros a las empresas, hace conveniente profundizar en el diálogo social para establecer una política de rentas que evite alimentar una espiral inflacionaria.

Para ello será deseable establecer medidas, con el acuerdo de los interlocutores económicos y sociales, que limiten la obtención de beneficios (moderando precios de venta) y las subidas salariales que, siendo justas, sean también moderadas; así como estudiando mecanismos de participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, mediante cláusulas en los convenios o participación accionarial en el capital, que les compense las renuncias actuales con beneficios futuros. Pensando además, con optimismo, que ese clima constructivo se verá reforzado por los fondos de la Unión europea que van a impulsar el crecimiento de la economía, con justicia, equilibrio y cohesión social.

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