El informe del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Alicante sobre el Servicio de Limpieza de centros escolares y dependencias municipales revela que se podría imponer penalidades (sanciones) por el incumplimiento del contrato, pero que no es posible por culpa de la demora del equipo de gobierno en la investigación y aplicación de consecuencias.
Paco Sanguino ha denunciado que, tal consta en el informe, el equipo de gobierno ha permitido la finalización del contrato y el plazo de garantía previsto en el mismo y ya no es posible imponer penalidades. Sanguino culpa de “desidia” al señor Barcala, por no haber reaccionado en tiempo y forma ante las reiteradas presuntas irregularidades denunciadas desde mayo del 2018.
Concretamente, el pasado 5 y 12 de agosto de 2019 el GMS solicitó toda la documentación referente a la contrata de limpieza de centros escolares y dependencias municipales. El PP no dio traslado a la documentación hasta la segunda quincena de octubre y además solo se dio parte de la misma.
Asimismo, en el pleno del 26 de septiembre el Grupo Socialista presentó una moción para la constitución de una comisión de investigación, lo que se acordó por unanimidad. Con fecha del 15 de octubre se dictó el decreto de constitución para la fiscalización del cumplimiento del contrato y, a pesar de la solicitud de la convocatoria de la comisión de manera inmediata para el mes de noviembre por parte del PSOE, la comisión no fue convocada hasta enero de 2020.
El PSOE denuncia que incluso la comisión se suspendió el pasado mes de marzo y no será reactivada hasta el próximo 15 de julio, a pesar de poder haberse convocado de manera telemática como sucede con los plenos de la Corporación.
Conclusiones demoledoras
Las conclusiones del informe del Servicio de Contratación son tajantes al indicar que “sí es posible imponer penalidades, una vez finalizado el contrato, las cuales se deducirían de las certificaciones que estén pendientes de pago y, en su defecto, de la garantía definitiva depositada, siempre y cuando no haya finalizado el plazo de garantía”. Pero el informe deja claro que no puede haber sanciones porque el contrato ya está finalizado desde 8 de febrero de 2020 y además también ha pasado la garantía del mismo. “La dilación y demora en este asunto es más que patente y ya lo denunciamos en su día. La consecuencia ya la tenemos servida, no se pueden imponer sanciones a la concesionaria”, matiza Sanguino.
El informe desvela también que “en el caso de que no se hubiera prestado todos los servicios contratados, lo correcto hubiera sido no pagar las certificaciones correspondientes en su totalidad o, en su defecto, de las que queden pendientes de pago”. Al mismo tiempo, se indica que “en el caso de que ello no sea posible, se podrán deducir las cantidades que correspondan por los servicios no prestados de la garantía definitiva, por incumplimiento de los servicios pactados y así evitar el enriquecimiento injusto de una de las partes”.
En el documento se indica que es necesario la propuesta del responsables del contrato cuantificando los servicios no prestados, audiencia al contratista y acuerdo del órgano de contratación.
Por último, tras las reiteradas denuncias del Grupo Municipal Socialista sobre la no convocatoria desde marzo de la comisión de limpieza de centros escolares parece que han surtido efecto, ya que por fin el equipo de gobierno del PP ha puesto fecha para la reanudación de la misma, el 15 de julio.