A finales de septiembre denuncié públicamente que el insigne concejal, presidente de la Diputación, y postulante a jefe de la Generalitat por el PP, Carlos Mazón, aprovechaba una institución como el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert para hacer propaganda de los vientres de alquiler. La jornada anunciada dentro de la agenda cultural (sic) estaba emparedada entre “arte en valor sobre la Font dels Tres Amics” y un documental de los sajones en Transilvania y tal como estaba configurada la mesa y se presentaba la misma –“se trata de un asunto que genera polémica en la sociedad, porque para algunas opiniones el alquiler de órganos no es moralmente aceptable”-, el resultado del presunto debate estaba claramente amañado de antemano.

Confirmé en mis carnes que el debate no era tal, porque todos los ponentes abogaban por una regulación de los vientres de alquiler, maternidad subrogada, gestación por sustitución o cualquier eufemismo que se les ocurriese para justificar la aberración. Por si fuera poco, los asistentes no pudimos decir ni mu ya que todas las preguntas las hizo el moderador del asunto.

Hablaban de “dejar de biologizar la gestación”, de que “no debemos sacralizar el útero”, de que “ser abolicionista no sirve porque ha venido para quedarse”, hablaban de la “subversión del género de las gestantes” de que “el feminismo está aliado con la extrema derecha”, de que “hay que desterrar los dogmas como mater sempre certa est” … lo único que generó algo de intercambio dialéctico (exclusivo entre los ponentes, eso sí) fue el precio a pagar a las madres productoras.

El colofón fue la proclamación del sano ejercicio democrático que era aquel panfleto, con la mención literal de “que no había venido nadie a tirarnos tomates”; les confieso que todavía a día de hoy no sé si se dijo con lamento porque no se pudo completar el circo que deliberadamente ansiaba al menos uno de los ponentes.

Lo único que generó algo de intercambio dialéctico (exclusivo entre los ponentes, eso sí) fue el precio a pagar a las madres productoras

Como todos conocemos, incluso Mazón, los vientres de alquiler no son legales en la legislación española. La mera presentación de esta violación de derechos como un método (uno cualquiera) de reproducción asistida, y la clara promoción sin una sola voz de disenso o contraste en la mesa ni tan siquiera de participación del público, evidencian que se disfrazó de debate lo que no era más que una apología cuyo responsable último es Mazón. La legislación española es clara. No se puede hacer. No solo eso, el TS ha sido categórico en su sentencia de marzo de este mismo año: la práctica supone una grave vulneración de derechos, tanto para las madres gestantes como para los recién nacidos.

El colofón fue la proclamación del sano ejercicio democrático que era aquel panfleto, con la mención literal de “que no había venido nadie a tirarnos tomates”; les confieso que todavía a día de hoy no sé si se dijo con lamento porque no se pudo completar el circo que deliberadamente ansiaba al menos uno de los ponentes

En la sentencia, el TS declara que “el contrato de gestación por sustitución del caso enjuiciado entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables”. A juicio del Alto Tribunal, madre e hijo “son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad”. Recuerda, además, que “estos contratos son nulos de pleno derecho y vulneran gravemente los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño y recuerda “el atentado a la dignidad humana que suponen los contratos de gestación subrogada se advierte expresamente en el apartado 115 de la resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2015”.

El alto tribunal concluye que: “no es preciso un gran esfuerzo de imaginación para hacerse una cabal idea de la situación económica y social de vulnerabilidad en la que se encuentra una mujer que acepta someterse a ese trato inhumano y degradante que vulnera sus más elementales derechos a la intimidad, a la integridad física y moral, a ser tratada como una persona libre y autónoma dotada de la dignidad propia de todo ser humano”.

Por si fuera poco, la reforma de la ley del aborto declarará esta práctica como una forma más de violencia contra la mujer, y prohibirá la publicidad de las agencias intermediarias. La norma perseguirá a los intermediarios (agencias, clínicas y abogados) que facilitan la burla de la prohibición poniendo en contacto a españoles con vientres de alquiler en el extranjero y que les cobran por los contratos y la gestión del proceso.

La reforma de la ley del aborto declararán los vientres de alquiler como una forma más de violencia contra la mujer, y prohibirá la publicidad de las agencias intermediarias

De todo esto, claro, no se habló, únicamente se dijo que las ucranianas, gestando y pariendo hijos prepagados para terceros se podían comprar una casa, eso sí, en los suburbios, que para el centro de la ciudad no les alcanza.