El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que la mala gestión que lleva a cabo el equipo de gobierno del señor Barcala le está costando dinero a todos los alicantinos y alicantinas. Esta vez ha sido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante el que ha fallado a favor de más de una veintena de oficiales de la Policía Local para que sean reclasificados en el grupo de profesionales B1, debiendo percibir las retribuciones que corresponden a este grupo, con efectos económicos retroactivos desde el 2018.

No solo el ayuntamiento de alicante tenía obligación legal de hacerlo ya que el 4 de enero del año 2018 entró en vigor la nueva Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, en la que se recoge la reclasificación de los oficiales de policía, sino que, ha recordado el portavoz socialista Paco Sanguino, el alcalde lleva año y medio prometiéndole lo anterior al colectivo y a los representantes sindicales, bastando leer de nuevo el acuerdo suscrito el pasado 10 de mayo de 2019 con las secciones sindicales del Ayuntamiento para confirmar sus mentiras. “La palabra del Sr Barcala no valió nada en este asunto (como en tantos otros) en perjuicio de los policías a los que hurtó sus derechos remuneratorios. Los policías, ante la negativa del Ayuntamiento de cumplir con la norma y con sus promesas acudieron al juzgado y les han dado la razón”.

Ahora, en una situación donde todos los recursos económicos deben volcarse en intentar ayudar a la ciudadanía afectada por el coronavirus, el Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar un dinero que ya tenía que haber pagado a estos agentes policiales mensualmente, poniendo en valor su magnifico trabajo.

El edil socialista Manuel Martínez ha afirmado que “la actitud despótica de Barcala solo ha ido en contra de los intereses de los policías y de la ciudadanía alicantina, ya que se tendrá que realizar de golpe un desembolso económico de más de 95.000 euros por las retribuciones debidas a lo que hay que sumar los costes del procedimiento y los intereses que imponga el juzgado, otro coste que tenemos que asumir los alicantinos y alicantinas porque el señor Barcala no cumple con su palabra”.