Paco Sanguino afirma que nos encontramos con una ordenanza contra la medicidad que no cuenta con medidas sociales, y que en vez de abordar la problemática en su conjunto trabajando de la mano de Servicios Sociales y proponiendo soluciones para atender a toda esta ciudadanía, quiere culpabilizar a los más débiles con sanciones desde todo punto de vista indecentes.
El Grupo Municipal Socialista viene denunciando durante los últimos meses que con el retorno de la nueva normalidad el bipartito suprimió las listas de espera de los centros sociales, privando a muchos ciudadanos que esperaban pacientemente su turno desde casi un año en algunos centros de su derechos a acceder a los Servicios Sociales, obligándoles a solicitar una nueva cita para poder ser atendidos por su profesional de referencia.
El sistema de citas presenciales que se reinstauró en junio, partiendo de cero, no ha conseguido atender la demanda y las listas de espera para una primera cita de acogida ya está ofreciendo fechas de abril y mayo de 2021.
Según estimaciones, con cálculos que tienen en cuenta el número de profesionales y las citas diarias, así como los servicios realizados en años anteriores, casi 2.500 familias se encuentran en lista de espera, lo que implica un total de más de 6.500 vecinos que atraviesan una situación de emergencia social y no obtienen respuesta por parte de su Ayuntamiento.
En Alicante, antes del coronavirus, ya teníamos unos Servicios Sociales con falta de personal por la política conservadora del Partido Popular.
Sanguino considera que la única forma de reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social es aplicando políticas anticíclicas y para ello el Ayuntamiento debe incrementar el personal en el área de Servicios Sociales y dejar de perseguir a los que no tienen nada.
El PSOE afirma que la exclusión social no se resuelven con ordenanzas para criminalizar a los pobres, sino aprovechando la oportunidad que brinda el Gobierno del Estado para que la ciudadanía y los sectores más vulnerables puedan ser el objetivo y el centro de la planificación económica de nuestra Corporación. Resulta fundamental aprovechar este cambio en las leyes del gasto público para reforzar una plantilla que ha sido recortada durante la década pasada. “Debemos aprender la lección histórica que nos dio las políticas de austeridad: recortar el personal del Sistema Público de Servicios Sociales trae más pobreza, más desigualdad y más exclusión social”.
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