El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha reprobado al alcalde Luis Barcala por no dar explicaciones sobre las presuntas presiones a la hostelería y el comercio para dinamitar una comparecencia conjunta con el Grupo Municipal Socialista. También el Pleno ha aprobado las dos mociones del PSOE en la que se pedía una Comisión de Investigación para la contrata de mantenimiento de zonas verdes y la recuperación del Valle de Foncalent.
Paco Sanguino ha indicado el simple hecho de que unos empresarios de la hostelería nos acompañaran en una iniciativa generó de inmediato supuestas coacciones, supuestas amenazas que supuestamente provenían de Alcaldía”.
El portavoz socialista ha afirmado que “es el señor Barcala el que me acusaba hace poco de no ser digno representante de mi partido. Pues a diferencia de él, yo sí creo que el señor Barcala es dignísimo representante del suyo: del partido que se opuso a la Constitución, del partido que se opuso a la Ley del Divorcio, del partido que se opuso al derecho al aborto, que se opuso al matrimonio de personas del mismo sexo, del partido de las mentiras del Prestige, de las mentiras del 11-M, de las mentiras del Yack 42; del partido de los sobres en B, del partido del club de los mil imputados por corrupción, del partido cuyos dos últimos alcaldes ahora se ven en la acera de enfrente acusados de corrupción”. (La intervención completa de Sanguino puede visionarse en el vídeo adjunto).
Pero no solo ha sido la reprobación al alcalde. El PSOE ha conseguido que se aprueben dos mociones. Una, sobre la creación de una Comisión de Investigación en el próximo Pleno para que se investigue las presuntas irregularidades denunciadas contra la concesionaria del contrato de mantenimiento de zonas verdes de Alicante (GEAMUR).
El GMS ha tomado la decisión ante la persistencia de la denuncia de las irregularidades por parte de los trabajadores y que una investigación realizada por vecinos alertaba que Alicante había perdido cerca de 4.000 árboles y palmeras en los últimos años.
El PSOE cree imprescindible la puesta en marcha de una Comisión de Investigación de los servicios que se están dando por la empresa fuera de contrato, ya que ante un intento de fiscalización por parte de este grupo desde enero del 2020, el equipo de gobierno ha demorado la respuesta y sesgado la información. La iniciativa la ha defendido la edil Llanos Cano.
La segunda moción presentada por el GMS y aprobada por el Pleno ha sido una iniciativa en la que se reclama un Plan de Protección y Recuperación del Valle de Fontcalent ante la saturación de vertidos ilegales y la inacción y falta de vigilancia de la actual administración municipal. También se solicita la Declaración de Zona Saturada de recepción de Residuos Sólidos para esta partida alicantina. Solo el PP ha votado en contra.
Cuatro colectivos vecinales de la partida de Fontcalent exigieron el 6 de noviembre el cierre definitivo de una planta de tratamiento de residuos que lleva años vertiendo en el denominado Camino del Francés. Esta mercantil ha sido objeto de un expediente sancionador por parte de la Conselleria de Transición Ecológica después que los técnicos hayan constatado que se carece de la perceptiva autorización sectorial. Estas asociaciones instan al Ayuntamiento al ordenar el cierre y obligar a la limpieza de los solares afectados.
Por otro lado, la derecha ha impedido que se reconozca la labor de la ex edil socialista Pilar Castillo, la primera concejala de Servicios Sociales de Alicante tras la recuperación de los Ayuntamientos democráticos. Paco Sanguino ha leído una entrañable carta de la una mujer que colaboró estrechamente con ella durante aquella época en mejorar la vida de las personas, sobre todo de la población más vulnerables y de las mujeres maltratadas. Pero los partidos de derechas han impedido este reconocimiento.
En otro sentido, Raúl Ruiz ha defendido pedir a la Conselleria de Agricultura, Emergencia Climática y Transición Ecológica el inicio del expediente para la declaración del Cabo de la Huerta como Paraje Natural Municipal. La propuesta no tendrá efectos directos sobre el proyecto de un restaurante sobre la torre marítima. Solo se ha opuesto VOX.
Destacar también la intervención del portavoz socialista ha afirmado que no existe nada en la LOMLOE que pueda quebrantar ninguno de los principios que ahora la derecha se encarga de divulgar. «En España, si una institución privada quiere crear un centro educativo y solicitar un concierto, tiene derecho a hacerlo. Donde quiera y si quiere. No se le impone que abra un centro en un determinado barrio, pueblo o isla (…)».
Al Estado sí se le puede exigir, porque es su obligación, garantizar el derecho a la educación de todos. Es la educación pública la que tiene la responsabilidad última de garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes.
«La realidad es que la LOMLOE establece un modelo equilibrado para todos en el proceso de admisión, la proximidad de centro al domicilio o lugar de trabajo de los padres, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro y la renta per cápita familiar.
El derecho de las familias a elegir no está en cuestión en al LOMLOE como no lo estuvo en la LOE. Los conciertos educativos fueron creados por un gobierno socialista en 1985. Desde entonces, la participación de la escuela concertada en la escolarización de las etapas obligatorias ha permanecido estable en torno al 28% del total.
Fue la LOMCE la que introdujo el concepto “demanda social” en un intento de dar cobertura a la práctica extendida en CCAA como Madrid de ceder suelo público de manera gratuita y garantizar conciertos a empresas para crear colegios con ánimo de lucro, además de imputar de manera virtual cuotas obligatorias a las familias. Cosa que esta misma semana ha denunciado la Asociación de Centros Educativos Privados.