La concesionaria del contrato de limpieza, que sigue prorrogado, debe responder aún de las inversiones no ejecutadas y ya pagadas en el servicio por el Ayuntamiento de Alicante. Sin ir más lejos, el parque móvil de limpieza que pretendían instalar en Playa de San Juan, junto a la torre del Ciprés, está valorada en más de un millón de euros que desde alcaldía todavía no han aclarado aún cómo liquidarán.

La auditoría económica debe dar a conocer los detalles de esta y otras cuestiones fundamentales, como son las cesiones aún pendientes de solares del vertedero, el índice de absentismo o el estado de los vehículos y maquinaria. El portavoz socialista, Miguel Millana, asegura que «el alcalde tiene que hacer pública la información que salga de estas auditorías, no estamos dispuestos a que esconda la basura bajo la alfombra hasta después de las elecciones. La gestión de la limpieza ha sido un desastre que no ha dispuesto de ningún control estos últimos años y la ciudad se merece conocer porqué».

Por su parte, el edil socialista Raúl Ruiz, ha asegurado que «resulta inútil que el alcalde anuncie fianzas de juguete para la nueva concesionaria si no se han molestado aún en conocer los ‘marrones’ que hereda. No hay datos de auditorías desde 2018 pese a que las pagamos anualmente, y aunque lo hemos exigido los socialistas desde que comenzó el mandato, Barcala ha esperado a julio de 2022 para auditar los últimos cuatro años juntos y esconder deliberadamente el resultado. La ciudadanía debería poder saber cómo se ha gestionado su limpieza antes de obligarla a hipotecarse con un nuevo contrato fallido».